Derechos

Impulsan un proyecto de ley que se opone a los derechos ciudadanos

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El proyecto de ley de “Libertad religiosa” enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación el día 12 de junio ha generado rechazos importantes en una población que valora el ejercicio de los derechos republicanos en democracia.

Amnistía Internacional expresó en una carta enviada al ejecutivo su oposición, la Campaña por el Aborto Seguro Legal y Gratuito ha publicado comunicados en el mismo sentido y Católicas por el Derecho a Decidir Argentina organizó “Diálogos sobre Libertad religiosa” con  una convocatoria multidisciplinar, que reunió a referentes sociales y reliogosos en el Anexo de Diputados en la Ciudad de Buenos Aires.

Unos días antes del evento Católicas por el Derecho a Decidir Argentina ya había dejado claro que “la libertad religiosa es, sin dudas, un valor democrático y un derecho fundamental, pero debe ser protegida sin dañar la laicidad como horizonte normativo. La forma en que este proyecto construye la libertad religiosa excede la protección (necesaria) del pluralismo y de la diversidad religiosa y debilita la laicidad como el escenario donde dicha libertad debe ser reconocida.”

El proyecto gubernamental amplía la subvención a otras creencias, instituciones y entidades religiosas alejándose más aun del ideal de Estado Laico proclamado por la ciudadanía y lo hace de forma tal que limita derechos consolidados a través de leyes y jurisprudencias e ignora a una importante población autodenominada atea, no practicante o indiferente del tema.

Sin duda, un eje central en el que coincidieron  todos los organismos y organizaciones a lo largo de la jornada que se realizó en en el Anexo de Diputados radica en la preocupación por la ampliación desproporcionada de la objeción de conciencia tanto en el ámbito público, sobre todo en el área de la salud y de la justicia, como en el ámbito privado, por ejemplo, en el derecho que tendrían los padres a “impedir que  sus hija/os, reciban enseñanzas o participen en prácticas contrarias” a sus creencias religiosas.

El proyecto parece más preocupado por proteger a las instituciones religiosas (ampliando y garantizando  sus privilegios) que por sostener  la convivencia democrática lograda entre las múltiples creencias y posicionamientos, sean estos religiosos o no, de quienes habitamos este país.

 Qué propone el proyecto

Presentado el 12 de junio, el proyecto define en sus fundamentos que la iniciativa “busca consagrar una protección más completa de este derecho fundamental, adecuando la legislación en la materia a los estándares internacionales y respondiendo así a un reclamo histórico, permanente y justo de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas no católicas”

Aunque unos párrafos más adelante dirá queen general todas ellas, (las otras religiones) junto a la Iglesia Católica Apostólica Romana, se han caracterizado por una convivencia armoniosa… que permite afirmar que la República Argentina es un ejemplo para el mundo en lo que hace al diálogo ecuménico e interreligioso”. La referencia es a la Ley N° 21.745, que organiza el “Registro Nacional de Cultos”.

El Proyecto de Ley que se impulsa proclama el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones, ampliando los límites de normativas vigentes. Plantea en unos de sus cuatro capítulos el goce de exenciones o beneficios previstos en las leyes tributarias o bien la inembargabilidad e inejecutabilidad de los lugares de culto u objetos sagrados.

La Iglesia Católica Apostólica Romana no debe inscribirse en el nuevo Registro “en atención a que mantiene el reconocimiento de su personalidad jurídica pública. Tal como se manifestó, sus relaciones con el Estado Nacional se rigen por la Constitución Nacional, por los Acuerdos firmados entre la República Argentina y la Santa Sede”.

Queda claro que para quienes promueven el proyecto el Estado debe asumir el compromiso ya que “con esta iniciativa el Estado Nacional procura hacerse cargo de las características propias del fenómeno religioso, que se resiste a ser encuadrado en normas generales que no respondan a su especificidad”.

Sin embargo, en Argentina vive un gran número de personas ateas y agnósticas que incluso después de haberse bautizado y confirmado en alguna religión carecen de una práctica y merecen respeto como integrantes de la ciudadanía activa.

Con estas preocupaciones y la consigna del respeto a los derechos obtenidos, Católicas por el Derecho a Decidir organizó una jornada, que tuvo como invitado especial al fraile dominico Julián Cruzalta, profesor del Centro de Estudios Teológicos de la Conferencia de Instituciones Religiosas de México, teólogo ecuménico experto en Bioética y Teología Eco feminista.

“El avance de la fuerzas más retrogradas produce una gran indignación Esta es una ley una que obstaculiza acceder a derechos que la ley existente garantiza. Es un  paquete de la derecha más conservadora que impide el acceso a los derechos conquistados”, dijo Marta Alanís, histórica referente de CDD en Argentina al abrir la actividad.

También estuvieron presentes Paola García Rey, Amnistía Internacional Argentina; Natalia Gherardi, Equipo Latinoamericano Justicia y Género (ELA); Greta Pena, 100% Diversidad y Derechos; Analía Mas, Coalición Argentina por un Estado Laico, Federación Argentina LGBT; Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas en violencia del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (MESECVI) – Insgenar; Mariana Carbajal, periodista de Página 12; Mariana Winocur, periodista; Fernando Lozada, Asociación ateos Mar del Plata y Liliana Hendel, periodista integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

Para Lozada, “es muy importante la voz de quienes nos definimos ateos. Esta ley llamada de la libertad religiosa atenta contra la libertad de conciencia y avanza tanto sobre quienes profesan religiones como con quienes no lo hacen. Atrasa cuatro siglos cuando confunde delito con pecado, aunque ya no habla de profanación pero lo introduce al aumentar las penas, si un bien robado o destruido pertenece a un culto determinado”.

“La libertad religiosa está garantizada en nuestro país, no es necesaria una nueva legislación” fue tal vez uno de los conceptos más escuchados por las diferentes representaciones a lo largo de la jornada, en la que se destacó la preocupación general por el artículo 7  que promueve la Objeción de Conciencia -individual  e institucional- de modo que una institución pública podría, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, negarse a cumplir con la ley. Así -ejemplificó la representante de Amnesty- un profesor en una escuela podría negarse a dar Teoría de la Evolución o un juez podría negarse a casar a personas del mismo sexo. “Y una niña/o trans podría no ser aceptada/o en un colegio”, agregó.

Los obstáculos referidos a salud sexual y reproductiva merecen un capítulo especial al hablar de objeción de conciencia. Argentina se parece a países con prohibición total de interrupción voluntaria a pesar de tener causales contempladas en el Código Penal desde 1921, aclaradas además con el fallo de la Corte. Si avanzara este proyecto la situación seria aún más grave, ya que la ley se incumple.

Mariana Carbajal relató lo que sucede en la actualidad en la provincia de La Rioja confirmando este sombrío pronóstico, después de  manifestar el absoluto rechazo del colectivo Ni una Menos a este proyecto que “se nombra como libertad pero consolida privilegios, convalidando la Objeción de Conciencia para obstaculizar derechos consagrados”.

En este sentido recordó que en la Rioja en cinco centros de salud asisten a poblaciones de bajos recursos, donde está prohibido entregar anticonceptivos, ya que fue la condición del Obispado para donar las tierras donde se construyó una de las salas que están administrados por una entidad católica aunque es el gobierno provincial quien entrega el dinero para  el pago de sueldos del personal.

 

Tanto Natalia Gherardi como Susana Chiarotti hicieron referencia al plexo jurídico y a las contradicciones entre el discurso y la promesa y la realidad.

Para Gherardi la erradicación de la violencia implica hacerse cargo de la contradicción para un Estado que enarbola un plan de acción que sostiene como un elemento relevante la prevención y la Educación Sexual Integral para erradicar todas las formas de violencia y un proyecto de ley como el que se pretende imponer.

Para Chiarotti, experta integrante del Comité Seguimiento Belem do Para, el proyecto es muy preocupante porque varios artículos abren la puerta a la negación de derechos. “Este articulado no resiste el control de convencionalidad (respeto a acuerdos internacionales) ni el de constitucionalidad”, informó.

“Tuvimos una recomendación hace años -recordó- del relator de CIDH para estos temas. El dijo que en Argentina hay libertad religiosa, no se persigue a nadie por ejercer una creencia, pero el Estado no tiene idea de cuánta gente profesa una u otra religión,  hay estadísticas pero marcan registros y no práctica, esos datos no señalan las diferencias dentro de las mismas religiones. Entonces el relator le hace al Estado la recomendación de detener el aporte económico y con este proyecto no solo no lo detienen sino que lo amplían a otros credos”.

 

 

La Red

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