Lesa humanidad

Salir del silencio

Esma para Lila interior

Entre los cambios de los últimos años en los procesamientos de crímenes de lesa humanidad, junto con la aplicación de la figura de genocidio a hechos cometidos antes del golpe militar del 24-3-76, y del juzgamiento de civiles (empresarios, jueces, miembros del clero) por su directa responsabilidad en estos crímenes, se cuenta la incorporación de delitos de violencia sexual como delitos autónomos (esto es, no subsumidos en el delito de torturas) de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles.

Delitos de esa índole aparecen denunciados ya en 1980 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, capítulo V, punto D, apartado i): “Las amenazas o consumación de violaciones tanto de mujeres como de hombres”; en el informe de la Conadep Nunca más, de 1984, y en los testimonios de sobrevivientes de Centros Clandestinos de Detención (CCD) en el juicio a las Juntas de 1985; pero fueron “invisibilizados” en este juicio. A partir de 2005, en la etapa de los juicios que siguieron a la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final y de los indultos de 1990, organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, como el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer (CLADEM) y el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), bregaron para que en los juicios por crímenes de lesa humanidad se tomaran en cuenta las denuncias de delitos de violencia sexual, se creara un clima favorable a que los testigos pudieran poner en palabras esos delitos, y se reconocieran en las violaciones y otras múltiples formas de violencia sexual contra mujeres y varones ilegalmente privados de libertad delitos de lesa humanidad, autónomos y al mismo nivel que los crímenes de privación ilegítima de libertad, secuestro, tortura, desaparición forzada, homicidio.

Hasta el momento, la proporción de sentencias que tienen en cuenta estas denuncias es muy baja: al 5 de julio de 2015, Infojus Noticias informaba que se habían dictado “once sentencias condenatorias que incluyen delitos sexuales en el marco de crímenes de lesa humanidad”; lo que significaría un porcentaje que no llega al 8 % de las sentencias, dado que según el informe “A diez años del fallo Simón” de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, al 8 de junio de 2015 se registraba un total de 142 sentencias.

A la información de Infojus corresponde añadir la posterior sentencia del Tribunal Oral nº 5 de San Martín, el 16 de julio de 2015, que condenó a ocho imputados por delitos cometidos en la subzona 16 del primer Cuerpo del Ejército, que comprende los partidos del oeste del conurbano bonaerense Morón, Moreno y Merlo, especialmente los cometidos en la Mansión Seré. En la causa se investigaron los delitos de privación ilegítima de libertad agravada, violación, abuso deshonesto, tormentos y homicidios. Durante el juicio, a pedido del fiscal Martín Niklison, se amplió la acusación por delitos sexuales cometidos contra tres hombres, ocho mujeres y un niño de 14 años. Por esos delitos se condenó al ex brigadier Miguel Osses a prisión perpetua, a los ex brigadieres Hipólito Mariani y César Comes y a tres ex policías a 25 años de prisión. Otros dos ex policías recibieron penas de 12 y 9 años.

También la sentencia dictada el 25 de noviembre último en Bahía Blanca, correspondiente al tercer juicio por crímenes de lesa humanidad llevado a cabo en esa ciudad, y el primero en mostrar la interacción entre la Armada, el Ejército y la Prefectura. Esta sentencia condenó a prisión perpetua a 18 represores, y a penas de entre 8 y 18 a otros cuatro. Nueve marinos fueron condenados entre otros delitos por el de “abuso deshonesto” contra mujeres cautivas. Los fiscales pidieron que el veredicto sea publicado en el diario local La Nueva Provincia, cuyos dueños, el clan Massot, fueron incriminados por el asesinato de dos de sus obreros gráficos.

Pero es importante destacar que se registra una aceleración en la incorporación de estos delitos en las sentencias, desde que en el año 2010 se produjo la primera de ellas.

El 12 de junio de 2010 el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a prisión perpetua y cárcel común al suboficial Gregorio Rafael Molina, alias “el Sapo” o “Charles”, por los homicidios agravados por ensañamiento y alevosía de los abogados Roberto Centeno y Jorge Candeloro, secuestrados en junio y julio de 1977, torturados y asesinados en el episodio conocido como “la noche de las corbatas”; y por privación de libertad agravada, aplicación de tormentos agravada y violaciones reiteradas de tres mujeres cautivas, crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Cueva”. Es la primera sentencia donde las violaciones son condenadas en tanto delito específico tipificado como crimen de lesa humanidad.

Existe un antecedente que se remonta a pocos meses antes, el fallo contra el espía civil Horacio Barcos, dictado por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el 12 de abril de 2010. Condena al ex agente de inteligencia del ejército a 15 años de cárcel por el secuestro, la privación ilegal de libertad y torturas, entre el 16 y el 31 de mayo de 1978 contra Amalia Ricotti y su marido, el historiador santafesino y dirigente de CTERA José Alberto Tur, ya fallecido, que estuvieron detenidos en el CCD “La casita”. El fiscal Martín Suárez Faisal y los abogados querellantes Horacio Coutaz y Zulema Rivera pidieron al tribunal que Barcos fuera condenado también por la violencia sexual que padeció Amalia en el CCD, por considerar que se trata de un crimen de lesa humanidad. El fallo no entiende todavía la violencia sexual como delito autónomo sino que lo subsume en el delito de “tormentos”.

Se encuentran pendientes sentencias en causas donde se han incorporado los delitos sexuales: la megacausa ESMA,  la megacausa Campo de Mayo, la megacausa Caballero II (Chaco), el Operativo Independencia (Tucumán), entre otras.

Resistencias dentro y fuera del Poder Judicial

El movimiento dirigido a lograr el reconocimiento de la violencia sexual en el marco de la represión ilegal como crimen de lesa humanidad ha tenido que vencer desde su origen fuertes resistencias, y las sigue generando, no solamente entre quienes se oponen abiertamente o son renuentes a los juicios por crímenes de lesa humanidad, dentro y fuera del Poder Judicial, sino entre miembros del Poder Judicial que intervienen eficazmente en el procesamiento y sanción de crímenes de lesa humanidad, e incluso en el seno del movimiento de derechos humanos.

En el caso del Poder Judicial, las resistencias toman la forma de obstáculos técnicos. El documento “Consideraciones sobre el juzgamiento de abusos sexuales…”, documento emitido en noviembre de 2011 por la Unidad fiscal de seguimiento de los crímenes de lesa humanidad, firmado por Jorge Auat y Pablo Parenti, avalado un año después, en noviembre de 2012, por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, dirigido a operadores judiciales, refuta las argumentaciones supuestamente jurídicas que impiden tener en cuenta y sancionar los delitos de connotación sexual[1]. En efecto, las resistencias del sistema judicial para concebir los delitos contra la integridad sexual como delitos de lesa humanidad específicos, no subsumibles en los de tormento, remiten según Pablo Parenti más a prejuicios muy arraigados que a obstáculos jurídicos propiamente dichos, no son técnicos sino ideológicos.

El primero de esos argumentos es que los delitos de connotación sexual no forman parte de un plan sistemático, condición para considerarlos de lesa humanidad. El documento de la Unidad fiscal considera errada esta interpretación, dado que lo que debe ser generalizado y sistemático es el ataque contra la población civil, no necesariamente cada delito (privación ilegal de libertad, secuestro, desaparición forzada, homicidio, tortura, violación). Cabe añadir que la evidencia de la frecuencia y amplitud de los delitos de violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado aumenta conforme aumenta el número de testimonios que incluyen la denuncia de hechos de violencia sexual, como asimismo las investigaciones realizadas en busca de corroborar y medir el alcance de estos delitos[2].

La no sistematicidad es uno de los argumentos con que el juez Juan Yalj, al condenar en diciembre de 2008 a Santiago Omar Riveros, jefe de la Zona 4, a cargo del Comando de Institutos Militares con sede en Campo de Mayo por otros crímenes, dictó falta de mérito respecto al delito de violaciones sexuales denunciados por las sobrevivientes Eva Orifici y Lidia Biscarte, por considerar que habían sido “eventuales y no sistemáticas”. Esa sentencia dio lugar al “Amicus curiae” presentado en 2009 por CLADEM e Insgenar, con el objetivo de aportar argumentos al reconocimiento, juzgamiento y castigo de los delitos contra la integridad sexual como crímenes de lesa humanidad. Estas dos ONGs desarrollaron en 2011 una investigación, Grietas en el silencio, fundada en entrevistas a 18 víctimas o testigos directos de delitos contra la integridad sexual cometidos en el marco de la represión ilegal, así como en la información sobre esos delitos difundida en medios gráficos, digitales o televisivos. El documento firmado por Jorge Auat y Pablo Parenti toma elementos de esa investigación. Se basa también en ella el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza del 23 de noviembre de 2011, que procesó a Luciano Benjamín Menéndez y a otros tres represores de alto rango como autores mediatos de violaciones sexuales.

La cuestión de la autoria mediata de delitos de connotación sexual es otra de las controversias que aborda el documento. El fallo de Mendoza revocó la falta de mérito dictada contra Menéndez  basada en que “es un delito que se comete por mano propia, por lo que no admite la autoría mediata. Tampoco figura como objeto específico dentro de las órdenes mencionadas… No se puede establecer quiénes son los autores directos…” El fallo opone a estos argumentos la prescindencia de los fines o móviles del sujeto: no se castiga la eventual satisfacción sexual del violador  sino la lesión del bien jurídico que es la autodeterminación sexual. En cuanto a la normativa expresa: existió una orden de “aniquilamiento del enemigo”, no hay una orden explícita de violar, como tampoco la hubo de secuestrar y torturar. La violencia sexual fue una de las formas del aniquilamiento de las personas acusadas de “subversivas”.

En cuanto a la distinción entre tortura y violencia sexual, el documento establece que un delito solo puede subsumirse en otro a condición de ser un delito menor abarcado por otro, pero ya en el Código penal de esa época la tortura y la violación eran dos delitos distintos y de igual gravedad.

El carácter de delito de instancia privada de los delitos contra la integridad sexual ha actuado como obstáculo para su juzgamiento, tanto en la justicia corriente como en el marco de la represión ilegal. La persona que ha sufrido esos delitos es desalentada de hacer la denuncia, ante la perspectiva de un calvario en el juicio donde se la sindique como la primera sospechosa. En el caso de los juicios de lesa humanidad, hay fiscales que desaconsejan al testigo mencionar estos delitos con el pretexto de que sería revivir ese sufrimiento en vano. Pero ¿a quién beneficia el silencio de la víctima en estos casos? Lo que se esgrime como su protección es en realidad garantía de la impunidad del violador. Sin embargo, Pablo Parenti considera riesgoso eliminar el principio de instancia privada, opta por mantenerlo y esforzarse por crear dispositivos adecuados en la justicia para la escucha de estos delitos y el procesamiento y condena correspondientes.

En cuanto a la prueba, el documento establece que no cabe la presunción de consentimiento de la víctima en el marco de la represión ilegal, ni su testimonio necesita ser corroborado por otros.

Por qué las resistencias

Es inevitable preguntarse por qué los delitos de connotación sexual en el marco de la represión ilegal necesitan ser objeto de una campaña específica para su reconocimiento y sanción. El reparo consistente en que la violencia sexual no es una exclusividad del terrorismo de Estado implica naturalizar esa violencia, incorporándola a la normalidad. Existe un continuum entre una supuesta “normalidad” y el marco de un estado de excepción. A las denuncias de delitos sexuales cometidos en los CCD se extiende la lógica con que se escuchan esas denuncias en la justicia corriente: las sospechas se concentran en quien denuncia, su palabra es dudosa, se lo concibe como un delito muy difícil de probar, en realidad se le hace difícil a una mujer “probar” que no consintió en la violación, que no la provocó.

Durante mucho tiempo las víctimas de esos delitos tendieron a callarlos, como si se tratara de hechos secundarios : “Una violación parecía algo secundario”, dijo una de las testigos contra el Sapo Molina. En 1976 Dora Seguel y su hermana sobreviviente, Argentina, fueron violadas siendo adolescentes en la comisaría de Cutral Co y en La escuelita I de Bahía Blanca, dependientes del V Cuerpo del ejército, pero durante mucho tiempo se concentraron exclusivamente en la denuncia de la desaparición de la mayor de las hermanas, Arlene. Tardíamente, Dora empezó a ocuparse de su propia historia, y en el juicio oral desarrollado en Neuquén en 2012 denunció por primera vez las violaciones sufridas 36 años antes. Todavía hoy hay muchos sobrevivientes que optan por omitir esos atropellos en sus testimonios. También hay quienes ahora se animan a hacerlo, y es que los juicios actuales se desarrollan en un contexto muy transformado: la política de justicia y derechos humanos de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner neutralizaron la estigmatización de los perseguidos por la dictadura, los testimoniantes están en otra etapa de sus vidas, se han producido transformaciones judiciales y culturales que habilitan las denuncias[3]. En efecto, una de las razones del silencio esgrimidas es el reparo del sufrimiento que el carácter público de esas denuncias produciría en los compañeros y en los hijos, pero en esta segunda etapa los hijos ya son adultos. Silvia Suppo, asesinada a puñaladas en Rafaela el 29 de marzo de 2010, había testimoniado el 5 de octubre de 2009 ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe que en 1977, cuando tenía 17 años, fue secuestrada por el Ejército, y torturada y violada en la Comisaría 4ª  de Santa Fe y en el CCD llamado “La casita”; había quedado embarazada y sus secuestradores la llevaron a una clínica privada donde se le practicó un aborto “para subsanar el error”. “Lo que yo mantuve años en silencio, aunque mis amigos y compañeros lo sabían, era la cuestión de la violación y el aborto. Estuve esperando que mis hijos crecieran, era lo que a mí me condicionaba… Tenés que hacer un proceso para poder contarlo”, había dicho después de ese testimonio.  “Todos hablábamos de las desapariciones, de la tortura, pero faltaba hablar de los abusos sexuales y empezamos a trabajar con las demás compañeras en profundizarlo. Nosotras sabíamos que nos había pasado a todas. Les pasó a compañeras aún embarazadas. Eras como un botín para ellos, te podían torturar, te podían lastimar, pero también te podían violar”, dice Eva Orifici.

La violencia sexual se ejerció también contra los hombres. Pero en estos casos la ruptura del silencio es aún más difícil que en el caso de las mujeres. Ya la Carta abierta a la Junta militar de Rodolfo Walsh, de marzo de 1977, registra la información de que Floreal Avellaneda, de 14 años, había sido torturado y violado antes de que lo arrojaran al río. En la investigación de CLADEM, tanto Cristina Zurutuza como Alejandra Paolini señalan como impacto diferencial de las violaciones entre hombres y mujeres la ausencia de culpa en los hombres y el persistente sentimiento de culpa en las mujeres. El 28 de septiembre de 2010 en el juicio oral por la causa Caballero en Resistencia, Chaco, Raúl Juncos relató un episodio vivido en los sótanos de tortura de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, cuando estando él atado al elástico de una cama el torturador José María Cardozo, que le había quitado un crucifijo, gritó: “Ahora te va a coger Dios”, y le introdujo el crucifijo en el ano; después le aplicó la picana en el mismo lugar, haciendo que el crucifijo se rompiera y le desgarrara el ano. El relato de Juncos aparece más bien como la excepción que confirma la regla.

“La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales. Se realiza más allá del bien y del mal”, había dicho el teniente coronel Hugo Pascarelli. Se diría que la ruptura de límites operada por la represión ilegal llegó al punto de borrar también los pactos entre varones que hacen al núcleo de la cultura patriarcal. Desde La Ilíada de Homero, donde Aquiles, prototipo del héroe, deplora la muerte de Héctor, en la tradición patriarcal occidental el enemigo es alguien a quien matar, pero no a degradar. El guerrero respeta a su enemigo, una difusa noción de destino le indica que sólo les tocó luchar en trincheras opuestas. Pero el enemigo creado por la Doctrina de la Seguridad Nacional pierde su condición humana, se puede hacer con él lo que se quiera. En la lógica machista haber sido violado hace a un hombre sospechoso de homosexualidad, una condición objeto de fuertes prejuicios en el seno de la militancia, en todo caso es admitir haber sido “rebajado”  a la condición femenina, y por lo tanto bien puede constituir una estrategia de destrucción de la subjetividad adecuada al plan represivo.

La doble transgresión

Si bien la agresión sexual no fue exclusivamente perpetrada contra las mujeres, es cierto que hubo un ensañamiento contra ellas como doblemente transgresoras: transgresoras del orden político social vigente, pero también de las pautas culturales, de los roles asignados a su condición de mujeres. Ensañamiento que se agudizaba ante mujeres pertenecientes a organizaciones político-militares, a quienes veían como usurpadoras de la capacidad de agresión y de heroísmo varonil. Acorde con la influencia del nacional-catolicismo que la configuró, la Doctrina de la Seguridad Nacional demoniza a las mujeres insurgentes como promiscuas, ambiciosas y fanáticas. Las sistemáticas violaciones cometidas contra mujeres y adolescentes en los CCD, la extorsión extrema que pivoteó en su condición de madres o de gestantes, la negación de su carácter de madres implícita en el hecho de asesinarlas una vez que habían parido en los CCD, para sustraer a sus hijos modificando su identidad, fueron formas específicas de destrucción de las mujeres cautivas. Los casos en que algunas de ellas aparecieron como “parejas” de sus torturadores, juzgadas por el sentido común desde un moralismo banal, son la más desgarradora expresión de la derrota, dado que la cautiva que pertenece al vencedor corresponde a la más arcaica de las relaciones humanas, y está en la raíz de todas las formas históricas de la esclavitud.

Transformaciones pendientes

La segunda época de juicios por crímenes de lesa humanidad, a partir de 2005,  coincidió con una etapa política que habilitó debates inéditos y profundos sobre las diferentes formas de la violencia institucional y de la violencia sexista; las transformaciones legales plasmadas en este período se corresponden con incipientes transformaciones culturales. Pero estas transformaciones no alcanzaron a modificar el núcleo duro del poder judicial, cuya reforma, motorizada precisamente por quienes se comprometieron en los juicios por crímenes de lesa humanidad, encalló ante la feroz embestida del statu quo.  Para una mujer, incluso para una niña, sigue siendo difícil afrontar el desafío del proceso que sigue a una denuncia por violación, o por cualquier otra forma de violencia sexual, en la justicia corriente. ¿Hasta cuándo el silencio que las víctimas del terrorismo de Estado empezaron a romper seguirá siendo una opción en la actualidad cotidiana?

[1] Procuración general de la Nación. Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de la scausas por violaciones a lo derechos humanos, Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado.

[2] CELS, Informe sobre derechos humanos 2012; Lorena Balardini, Ana Oberlin y Laura Sobredo, Violencia de género y abusos sexuales en centros clandestinos de detención. Un aporte a la comprensión de la experiencia argentina, CELS. Javier de Luca y Julio López Casariego, Delitos contra la integridad sexual, Hammurabi, Bs.As., Ed. 2009, pp. 76/80; “Lesa Humanidad”. Documental (Programa “Violencias de Género en contextos represivos” Subsecretaría DDHH Prov. Córdoba 2010) “Campo de Batalla. Cuerpo de Mujer”. Documental (Fernando Älvarez, 2013, Argentina) Investigación y entrevistas Lizel Tornay y Victoria Álvarez. A.Aucía et al, Grietas en el silencio. Una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, Introducción y edición de Marta Vassallo, CLADEM, 2011.

[3] Recién en 1999 el Código penal argentino calificó a la violación como delito contra la integridad sexual y no como delito contra el honor. Si se trata de un delito contra el honor, se explica que en muchos casos lo preferible sea el silencio, ignorando los derechos de la persona violada y su necesidad de justicia.

La nota fue publicada en Ciencias Sociales nº 90, marzo de 2016, revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Este número, íntegramente dedicado al 40 aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.

Nota de la autora: Me encargaron de urgencia el artículo en octubre de 2015. Entonces nos ocupábamos de que los juicios por crímenes de lesa humanidad fueran cada vez más perfeccionados, más justos. Ahora nos preocupamos por su continuidad, dado que el Ministerio de Justicia del gobierno de Cambiemos ha puesto en stand by los programas de Memoria, verdad y justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Foto: Cristina Fraire, coordinadora del área de Fotografía del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

 

Marta Vasallo

Marta Vasallo

Licenciada en Letras en la UBA. Docente, traductora y periodista. Autora de Eclipse parcial, Buenos Aires, Simurg, 1999; En nombre de la vida, Católicas por el derecho a decidir, Córdoba 2005; La terrible esperanza, Buenos Aires, Colisión libros, 2014.

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