Casos Paradigmas

Romina Tejerina: La ley del más fuerte

romina tejerina

Aquella noche las señoras y señores se perfumaban con ardor

Por el niño que decía la verdad,

Por el niño que era puro,

Por el que era tierno, por el bueno,

En fin,

Por todos los niños muertos que cargaban en las valijas del alma

Y empezaron a heder súbitamente

Mientras la gran ciudad cerraba sus ventanas

Juan Gelman , “María la sirvienta”, en Gotán

 

“El gran problema de Romina son esos silencios que ella tiene…”, dijo alguna vez su madre, Elvira Baños (1). Hija de trabajadores del ingenio Río Grande, que una vez cerrado el ingenio se trasladaron a San Pedro, Romina vivió aterrorizada por una familia controladora y represiva, que transmitía poco más que prohibiciones, golpes y amenazas. El padre amenazaba a sus hijas desde niñas con que “terminarían en La Granja” (la Unidad 3 del servicio penitenciario de Jujuy, la cárcel donde efectivamente Romina cumple su pena*), las llamaba “putas”, y desde que entraron en la pubertad anunciaba que moriría de un infarto si llegaban embarazadas.

Los “silencios” que alejaban a Romina desde el jardín de infantes de la maestra y de sus compañeros se prolongaron en el silencio que guardó sobre su violación y embarazo durante más de seis meses, meses que ella describe inundados por el miedo a su padre y al violador, un vecino que se burlaba de ella cada ve que volvía a cruzarla. El grado de negación y soledad de la adolescente se miden en el hecho de haber confundido su parto prematuro con el aborto que había buscado durante el embarazo; en efecto, había acudido a médicos a quienes no podía pagar los 300 pesos que le pedían, y había ingerido en soledad hierbas y laxantes. Acuchilló a la beba cuando oyó que lloraba, cuando descubrió que lo que había despedido en esa mañana de febrero de 2003 no era un feto muerto sino una nena viva.

El parto prematuro y el infanticidio se produjeron en la casa de Mirta Tejerina, la hermana mayor, con quien habían optado por vivir Erika y Romina, las menores, huyendo del ambiente opresivo de los padres. Romina era entonces una estudiante que cursaba el último año del secundario y se divertía bailando ritmos tropicales en uno de los boliches que animan la vida nocturna de San Pedro; fue de allí de donde el 1 de agosto de 2002, fiesta de la Pachamama, fue sacada según su relato por un vecino, Eduardo Vargas, que la doblaba en edad y la asediaba, la subió a su auto y la violó.  El juez Argentino Juárez tardó un año en procesarla, año en que Romina estuvo privada de atención psicológica, no se le permitió seguir estudiando, ni hacerse una operación necesaria por complicaciones posparto. La pericia oficial descartó la existencia de un episodio psicótico agudo que hubiera obnubilado a Romina al matar a la beba, pero “todas las pericias, incluso las de quienes dijeron que Romina estaba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos, parten del análisis de la violación”, subraya el abogado defensor Dr Fernando Molinas; todos los peritos psiquiátricos, oficiales y de parte, partieron de la experiencia de la violación como detonante psíquico del proceso vivido por Romina. El único que consideró que no había elementos para considerar una violación fue el perito César Domingo Burgos, que no es psiquiatra sino médico cirujano. El Dr Molinas considera particularmente significativo el testimonio oral de la perito oficial Teresa Hormigo, que distinguió con toda precisión en su testimonio oral el hecho de que penalmente no se hubiera probado la violación del hecho de que la violación haya existido. En efecto, el acusado Eduardo Vargas fue sobreseído por el juez Jorge Samman, el mismo que cuando Olga Verón, una de las compañeras de cárcel de Romina, más joven que ella, se apersonó ante él para decirle que no quería vivir más con su padre policía que la golpeaba y violaba, le dijo: “Respete a su padre, que la cuida y la quiere”. El sobreseimiento del acusado, detenido durante 20 días, se fundó en un desfasaje entre la fecha de concepción y la fecha de violación a través de la “tabla gestacional”. No se hizo autopsia al bebé ni se le hizo análisis de ADN, de modo que no hubo un cálculo estricto del tiempo de gestación ni certeza sobre al filiación del bebé.

La pericia de parte realizada por el equipo de María Teresa López de Fernández diagnosticó “trastorno por estrés postraumático crónico (TPET)”, desatado por la violación que le provocaba pesadillas y reviviscencias, reforzado por el descubrimiento del embarazo que ocultó, y cuya culminación se dio cuando al parir vio en la cara del bebé la cara del violador; esta pericia describe a la joven como triste y lúcida, con bloqueo emocional. Este bloqueo, el modo de referir lo ocurrido como si le hubiera pasado a un tercero, fue utilizado por algunos medios de comunicación e interpretado por sectores de la opinión pública como prueba de frialdad asesina y no de un estado de disociación.  El tribunal integrado por los jueces Antonio Llermanos, Alfredo Frías y Héctor Carrillo negó tanto la violación como el estrés postraumátuico; pero frente al pedido de prisión perpetua de la fiscal Liliana Fernández de Montiel (pena que corresponde a la figura de “homicidio agravado por el vínculo” con que se condenó a Romina), reconoció como atenuantes la falta de antecedentes de la joven, su poca edad, su escasez de recursos económicos, culturales y sociales, y la rigidez e incomunicación familiares.

El 4 de julio la defensa de Romina, que había pedido su absolución, interpuso un recurso extraordinario de casación ante el Superior Tribunal de la provincia de Jujuy, cuya argumentación básica es que habiendo diferentes pericias que dan resultados contradictorios, las dudas generadas no pueden salvarse, y debe fallarse a favor de la acusada; en el plano de los vicios del proceso cuestionan la intervención en la pericia oficial de un médico cirujano, no idóneo por consiguiente para la pericia en que se fundó el tribunal. Si la apelación es rechazada, queda la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hay otras dos vías políticas, apunta el Dr Molinas: el indulto, que dado el régimen federal compete al gobernador de Jujuy, y la reintroducción en el Código Penal de la figura de infanticidio como homicidio atenuado, para lo que habría amplio consenso en el Congreso.

La doble moral sexual

El doctor Fernando Molinas cuestiona que la fiscal Liliana Fernández de Montiel, para descartar atenuantes, haya hecho “demasiado hincapié en conductas previas…Los atenuantes no pueden ser descartados por conductas previas”. En efecto, la fiscal insistió en las salidas nocturnas de Romina, en su modo de vestirse, en su rebeldía hacia los padres, hasta en su negativa a tomar la medicación que quieren imponerle en la cárcel, cuestiones que el Dr Molinas califica como “más que juicios, prejuicios”, conductas que a nadie en su sano juicio se le ocurrirían antecedentes de la perpetración de un delito. El informe psiquiátrico de la cárcel , lejos de ayudar a Romina a reconstruir su historia, la indagó sobre qué polleras usaba, cómo se vestía, cómo bailaba, si tenía relaciones sexuales.

No es difícil reconocer en estos rasgos de la justicia institucional la misma moral social vigente que se constituye al mismo tiempo en fuente y condena de la experiencia de Romina. Su hermana Mirta refiere que el intendente de San Pedro Julio Moisés les dijo: “No hay mujeres violadas, todas quieren”. “¿Y a quién le ganó ésa?” “Acá el hombre hace lo que quiere”, son comentarios de vecinos recogidos por el periodista Miguel Pisano (2).  Vargas se encargó de insistir en que Romina no era virgen, un modo de decir que no era “violable”. El abogado Jorge Scala, representante legal de diversos grupos Pro Vida, calificó a Romina de “impresentable”, condonando la misma moral rufianesca.

La nena acuchillada cuya vida se redujo a dos días de agonía en un hospital de Jujuy, es el último eslabón de una cadena de chivos expiatorios que pagan culpas cuyos responsables son múltiples y mantienen su respetabilidad.

La historia de Romina, singular como todas las historias, es al mismo tiempo paradigmática en el sentido de que condensa una suma de cuestiones inherentes a la sociedad patriarcal y clasista donde nació: la dificultad de denunciar una violación sin ser acusada automáticamente de haberlo provocado; una “educación sexual” consistente en prohibiciones, amenazas y silencios que dejan a las adolescentes inermes para afrontar las situaciones reales de la vida, transmitida por padres que a su vez habrán sido criados de manera similar; la imposibilidad de acceder a anticoncepción de emergencia, ni hablar de un aborto seguro y gratuito; la negativa a concebir que para una chica la maternidad signifique una amenaza psíquica; las condiciones y el trato que reciben mujeres muy jóvenes recluidas en la cárcel por delitos cometidos en situaciones extremas, cuyos frecuentes intentos de suicidio son reprimidos como si se tratara de problemas disciplinarios, y no reciben atención física ni psíquica. Los intentos a veces se convierten en logros: días antes del juicio a Romina se ahorcó una de sus jóvenes compañeras, acusada de robo.

Una bandera que recorre el país

Esta suma de violencias naturalizadas aun por quienes las padecen es lo que el heterogéneo  movimiento social liderado por la Corriente Clasista Combativa (CCC), donde militan la hermana mayor de Romina, Mirta, y la abogada defensora Mariana Vargas, logró instaurar socialmente como un escándalo. “La Corriente Clasista Combativa de San Pedro, donde vivía Romina, encabezó la protesta desde un principio, con escraches contra el violador y contra el juez”, corrobora María Conti, de Amas de Casa del País, una organización de mujeres que se encuadra en la filiación política de la Corriente, el PCR, y que tiene un antiguo y amplio trabajo sobre violencia hacia las mujeres en los barrios. Hicieron causa común con la Corriente en Jujuy el sindicato de municipales, el frente de gremios estatales, la secretaría de género de la Universidad de Jujuy. El 23 de cada mes en la ciudad de Buenos Aires confluyen ante la Casa de la provincia de Jujuy grupos feministas, sectores del movimiento piquetero, gremios nucleados en la CTA. Al juicio oral de Romina acudieron organizaciones de las distintas regiones del país, entre otros representantes de Católicas por el derecho a decidir y del Consejo Latinoamericano de Iglesias. La bandera de la defensa de Romina  atravesó el país enarbolada por sectores del movimiento piquetero, por las campañas contra la violencia hacia la mujer impulsadas por grupos feministas y del movimiento de mujeres, por los Encuentros Nacionales de Mujeres de 2003 y 2004, y actualmente en el marco de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. “En muchos barrios las mujeres empiezan a hablar, dice María Conti. Para muchas Romina es imperdonable,  pero también son muchas las que han ido cambiando de opinión, y las que se ven reflejadas en los dolores de Romina. Mujeres que nunca habían hablado empiezan a contar. Eso es lo más importante para nosotras…”

Esta batalla que se libra en la sociedad se libra también en el corazón de Romina: ella que quería ser policía ahora dice que quiere defender a las mujeres que pasan por lo que ella está pasando: “Yo quería ser policía, pero ahora quiero ser defensora de mujeres violentadas” (3). Se trata de ver cómo podrá  saldar la tragedia vivida: si introyecta la denigración operada sobre ella por una educación defectuosa, una moral social canallesca, una justicia que cumple el rol de perpetuar la opresión, una cárcel que impone sufrimientos estériles, o si logra asumir una nueva perspectiva sobre su propia historia y sobre sí misma, la que la ilumina desde el movimiento social que la rodeó y sostuvo, y que podría convertir su infortunio en una oportunidad de cambio.

 



Infanticidio

Si rigiera la figura penal de infanticidio, Romina Tejerina hubiera sido condenada como máximo a 3 años de cárcel. Pero esa figura fue eliminada del Código Penal en ocasión de la reforma constitucional de 1994. Concebía el infanticidio por una parte como medio de salvar la deshonra familiar, por otro lo vinculaba con la etapa del puerperio. Al eliminar la causal de deshonra, acertadamente evaluada como arcaica (en cuyo caso la atenuación se extendía a cualquier familiar directo de la madre que buscara salvar su honra de esa manera) se eliminó toda la figura. Se trataría de reintroducirla fundándola en el estado puerperal entendido como estado crepuscular y transitorio que puede acompañar el parto y el período de 40 días que le sigue. Los proyectos de ley de la diputada socialista María Elena Barbagelata, presentado en 2003, y el recientemente presentado por la diputada peronista Juliana Marino proponen incorporar como inciso 2 del artículo 81 del Código penal: “se impondrá prisión de uno a tres años (cuatro en el segundo de los  proyectos) a la madre que matare a su hijo durante el parto o estando todavía bajo la influencia de estado puerperal”. Entre los fundamentos del proyecto de Marino se encuentra un pasaje de una conferencia del actual juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni en México en 2004: “Lo de ocultar la deshonra es algo bochornoso que había que eliminar. Pero de ahí a eliminar el infanticidio hay una distancia… Su sujeto activo son mujeres de muy escasa instrucción, con antecedentes culturales de aislamiento, escasa capacidad de comunicación…y que tienen partos en soledad, en baños, y los productos van a dar a pozos ciegos. Son casos más necesitados de una urgente asistencia social, psicológica y hasta pisquiátrica que de punición…” Otro fundamento es la idea de que la infanticida no es reincidente, por consiguiente la cárcel no tendría sentido, salvo que se olvide el objetivo de rehabilitación que figura en la Constitución y se la entienda exclusivamente como castigo. Perla Prigoshin, asesora de Juliana Marino, ha establecido que se registra un promedio de 10 infanticidios anuales, una conducta propia de ámbitos rurales, prácticamente inexistente en las grandes ciudades.

1) “…y parirás con dolor”, en Rolling Stone, noviembre de 2004, entrevista de Josefina Licitra

2) La Capital, Rosario, 12-6-2005.

3) www.contracultural.com.ar octubre 2004

*El domingo 24 de junio de 2012 (el día de su cumpleaños) fue liberada tras haber estado 9 años en prisión

La nota fue publicada en la La Trama, Año 1, nº 3, Julio de 2005

Marta Vasallo

Marta Vasallo

Licenciada en Letras en la UBA. Docente, traductora y periodista. Autora de Eclipse parcial, Buenos Aires, Simurg, 1999; En nombre de la vida, Católicas por el derecho a decidir, Córdoba 2005; La terrible esperanza, Buenos Aires, Colisión libros, 2014.

Comentar

Click aqui para dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *