Violencia institucional

“Las cárceles no son aptas para la condición humana”

Otra de la cárcel (2)
La violencia institucional aumenta. Una violencia que es selectiva y recae sobre los jóvenes en situación de pobreza. Esta se expresa en detenciones arbitrarias, hacinamiento, torturas, golpes y asesinatos.
La Cámara del Crimen sostuvo que las cárceles federales se encuentran en una “paupérrima situación”, en “estado de emergencia”. “Lo más sincero sería hoy afirmar tras relevar tanta falencia que las cárceles no son aptas para la condición humana”.
Según Gabriela Gusis, secretaria adjunta de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología: “las cárceles latinoamericanas se encuentran en un estado alarmante. La tasa de población penal se ha incrementado entre un 20 y un 30 por ciento. Las prisiones funcionan como un terrible campo de concentración”.
En el último informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación se afirma que “la población penitenciaria de la Argentina sufrió un incremento inusitado y en tan solo un año, el uso de la prisión creció un 11% en relación al anterior llegando a las 194 personas presas cada 100.000 habitantes”.
Es necesario visibilizar que la población encarcelada en constante aumento en cárceles federales está conformada en su mayoría (60%) por presos preventivos -personas legalmente inocentes.
Es decir, tenemos sobrepoblación y hacinamiento en cárceles no aptas para la condición humana.
Durante el primer semestre de 2018, la Procuración relevó 275 casos de Torturas y Malos Tratos. El 95% implicó violencia física, mientras que el resto (14 casos) se trataron de amenazas graves y hostigamientos. En los casos de violencia física, además se advirtió que en un 40% (105 casos) se añadió el aislamiento de la víctima y en 30 casos esto se vio agravado incluso por la deficiente alimentación de la persona, aislada y anteriormente golpeada.
Sin embargo, nuestra Constitución Nacional sostiene que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo”. Asimismo, la ley Nacional Nº 24660 establece que las personas detenidas tienen derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a vincularse socialmente. Para nuestra legislación vigente el objetivo debería ser la inclusión social.
¿Que será mejor en esas condiciones para reducir la violencia y evitar que se reincida ¿garantizar el derecho a la educación y al trabajo o padecer la tortura?.
En el marco de las mismas políticas violentas, la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) denunció en su nuevo informe que bajo el gobierno de Cambiemos hay un asesinato a manos de las fuerzas de seguridad cada 21 horas. Este es el número más alto desde la dictadura cívico / militar.
¿Qué será mejor en esas condiciones para reducir la violencia y evitar que se reincida? ¿Garantizar el derecho a la educación y al trabajo o padecer la tortura?
Según la Correpi, la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil correspondía a varones, especialmente adolescentes.
¿Cuáles son las condiciones que habilitan estas violencias? ¿Quién decide que se produzcan esos asesinatos? Por un lado, hay un gobierno nacional que legitima esta violencia.
A modo de ejemplo, recordemos que el policía Luis Chocobar, imputado por el delito de “homicidio agravado” por haberle disparado a un joven por la espalda, fue recibido el presidente.
En nuestra injusta sociedad la gran mayoría estas detenciones y muertes son de personas en situación de pobreza. Generalmente a las redes poderosas y delictivas no les toca un pelo el aparato represivo.
Esteban Rodríguez Alzueta, abogado, miembro del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica de La Plata sostiene que ”no hay olfato policial sin olfato social, es decir, no hay brutalidad policial, destrato o maltrato policial sin prejuicio vecinal”.
Para poner en crisis la violencia policial también hay que poner en crisis ese imaginario autoritario que hay en la vecinocracia, que activa las pasiones punitivas.
En los últimos años este modelo violento avanza. Un modelo que impone un orden funcional a los grupos de poder concentrado, paralelamente se estigmatiza y violan los derechos de los grupos históricamente vulnerados.
Si nuestro objetivo es vivir en una sociedad más inclusiva, democrática y segura, debemos cuestionar estas prácticas violentas naturalizadas que se reproducen institucionalmente y los discursos que las sustentan.
Roberto Samar

Roberto Samar

Licenciado en Comunicación Social. Docente de Comunicación Social y Seguridad Ciudadana.

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