Derechos

La autonomía de lxs adolescentes

Foto: Unicef argentina
Foto: Unicef argentina

“Los derechos del paciente adolescente” del psicólogo Marcello Della Mora forma parte del libro Enfoques sobre Salud, Bioética y Derecho, coordinado por la Dra. María Cristina Cortesi.

El capítulo describe los derechos del adolescente previstos en la Ley 26.529; plantea algunos interrogantes en casos concretos a partir del derecho a la asistencia, al trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la información sanitaria, a la interconsulta y al consentimiento informado. Se analiza la importancia de la Historia clínica Digital Integral y la Confidencialidad y se plantean algunas consideraciones acerca de la autonomía de la voluntad, según el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, dedicado al “ejercicio de los derechos por la persona menor de edad” que ha dado lugar a los más encendidos debates interpretativos.

En perspectiva publica un fragmento del capítulo del libro que será presentado el 21 de septiembre en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Juncal 931 de 10 a 13.

Derechos de los adolescentes

El el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación ha dado lugar a los más encendidos debates interpretativos; está dedicado al “Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad” disponiéndose que “La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”.

Este artículo recoge el principio de autonomía progresiva para el ejercicio de los derechos de conformidad con la evolución de sus facultades, a través de pautas flexibles, en consonancia con el art. 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, Ley 23.849/1990): “Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención”, y también con el art. 12 de la misma ley: “inc. 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño; inc. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional”. La figura de la “responsabilidad parental” se construye sobre la base de los ejes señalados en el art. 639: a) el interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos; y c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. Incluso, habiendo conflicto de intereses con sus representantes legales, los hijos podrán intervenir por derecho propio y con asistencia letrada, sin perjuicio de los demás supuestos específicos donde también se les reconoce expresamente su actuación con asistencia letrada (arts. 109 inc. a, 596, 608 inc. a, 617 inc. a, 661 inc. b, 677, 678 y 679).

En cuanto a las decisiones relativas al cuidado del propio cuerpo, el adolescente será considerado como un adulto a partir de los dieciséis años, con excepción de lo dispuesto para algunos supuestos específicos en la legislación especial, por ejemplo, el art. 15 de la Ley 24.193 (Trasplantes de órganos y Materiales anatómicos); el art. 26 de la Ley 26.657 (Protección de la Salud Mental) que propende a la inclusión social de las personas con padecimiento mental y el acceso a los servicios de salud mental como derecho de todo ciudadano;  o el art. 5° de la Ley 26.743 de Identidad de Género.

Asimismo, este artículo tiene mayor consonancia con la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente los arts. 19 “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. Este derecho comprende: a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades y con las limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus padres, tutores, representantes legales o encargados de los mismos; b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela; c) Expresar su opinión como usuarios de todos los servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en todos los procesos judiciales y administrativos que puedan afectar sus derechos. Las personas, sujetos de esta ley tienen derecho a su libertad personal, sin más límites que los establecidos en el ordenamiento jurídico vigente (…)” y el art. 27 que habla de las garantías mínimas en los procedimientos judiciales o administrativos, y está redactado de la siguiente manera “Los Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño o adolescente; b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) A participar activamente en todo el procedimiento; e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte”; estos dos artículos consideran límites más flexibles inspirados en un modelo de capacidad progresiva para el ejercicio de los derechos.

Cabe destacar que, en la actualidad la ley no es clara respecto de la autonomía progresiva de los adolescentes, prevista en la Ley 26.742, promulgada en Mayo de 2012, a pesar de que se modificó el art. 2° de la Ley 26.529 quedando redactado de la siguiente manera: “e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud”, habida cuenta que la edad cronológica es un constructo demográfico, más que funcional, por lo tanto, es relativa debido a que la edad por sí misma no es un factor causal, explicativo o descriptivo, ni una variable organizadora de la vida humana; es menos importante el tiempo que pasa, que lo que ocurre durante ese tiempo. Iguales edades no significan capacidades iguales y un mismo niño presentará capacidad suficiente para ciertos actos y no para otros. El criterio es dinámico, mutable: por ejemplo, mientras un adolescente cuenta con capacidad para solicitar y decidir el empleo de métodos de anticoncepción (por ejemplo, preservativos) no la presenta para consentir (por sí solo) una intervención quirúrgica que pone en riesgo su salud o una cirugía estética. Cualquier clasificación de la vida por etapas tiende a perder importancia, dado que los hitos culturales y biológicos son cada vez más inexactos e inesperados, por eso en la actualidad hablamos del curso de la vida, en lugar del ciclo de la vida.

 

La Red

La Red

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina es un espacio donde profesionales de la comunicación trabajan para colaborar en la construcción de un periodismo inclusivo.

Comentar

Click aqui para dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *